Diferentes estudios y diagnósticos sobre el Sistema Penitenciario Mexicano (SPM) han permitido evidenciar los graves problemas de hacinamiento, autogobierno, cogobierno y faltas graves a los DDHH, por mencionar algunos.

La Reforma Integral al Sistema Penitenciario que promueve México SOS, contempla estos puntos neurálgicos pero va más allá, pues al ser un sistema es fundamental la vinculación entre seguridad y justicia, de ahí que el andamiaje jurídico sobre el que se sostiene el SPM sea uno de los elementos clave para su transformación; de hecho, junto con otras organizaciones sociales y especialistas logramos, en 2016, modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) que tenía más de 45 años sin habérsele movido una sola coma.

Sin embargo, las modificaciones que se hicieron en 2020 para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa (PPO) para los delitos considerados graves, reafianza la vieja práctica de utilizar la PPO como una medida punitiva que se dirige a la falsa percepción social de seguridad y acceso a la justicia en materia penal.

Este mecanismo no resuelve el problema de la inseguridad ni disminuye el número de delitos que se cometen; contrariamente, abona a incrementar la población penitenciaria, a mantener, reproducir o detonar el caudal de problemas que históricamente padece el SPM en su conjunto. Muestra de ello es que -de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-, en diciembre de 2018, existían 197,988 personas privadas de su libertad (PPL) y para mayo de 2022, la cifra creció a 226, 646 PPL, aumento que no necesariamente significa una baja en la impunidad, y sin embargo puede implicar que “todo cabe” en la PPO, donde la presunción de inocencia -supuesto fundamental del sistema de justicia penal acusatorio (SJPA)-, brilla por su ausencia.

Estas deficiencias normativas, procedimentales y operativas, han propiciado que en muchos centros penitenciarios (particularmente estatales), se generen condiciones que favorezcan la corrupción, el maltrato y extorsión a las PPL y sus familiares; tráfico de drogas, motines, riñas entre bandas del crimen organizado y el establecimiento de autogobiernos y cogobiernos.

En este tenor y dentro del marco de la conmemoración del Día Mandela, se hace necesaria la promoción, capacitación y certificación de capacidades sobre la aplicación de las Reglas Mandela entre el personal directivo y operativo de los centros penitenciarios, estatales y federales.

Asimismo, cobra particular relevancia la certificación penitenciaria en donde deben cumplirse estándares en materia de protección, seguridad, orden, atención médica y nutrición, actividades y programas de reinserción, así como de administración; en consonancia con lo establecido por las Reglas Mandela y por la CNDH.

En resumen, poner orden en los penales significa garantizar la integridad física de las PPL; mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios; impulsar programas para la reinserción social de los internos; dignificar y profesionalizar al personal penitenciario; reorganizar la infraestructura del sistema penitenciario y ajustar las normas al SJPA, como mínimos. Para llevar a cabo una auténtica y eficaz reforma penitenciaria, la condición necesaria es la voluntad política de los tres órdenes de gobierno ¿La tienen nuestras autoridades?

 

 

 

 

 

Noticia publicada originalmente en el portal El Sol de México, se puede consultar aquí.