Si bien desde 2011 se ha dado cuenta de una serie de reformas constitucionales y cambios en los códigos penales con la finalidad de promover una mejora en el sistema penitenciario, lo cierto es que la situación de dicho sistema no ha mejorado en absoluto.
El pasado mes de julio fue presentado el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2022 (CNSIPEE-F) del INEGI, documento estadístico que arroja un panorama de la situación general que se vive en los diversos centros penitenciarios del país. De entre los datos más relevantes de dicho censo destaca que de las 220, 420 personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad, el 42.1 % permanece en prisión sin una sentencia; y que de esta cifra, el 12.6% lleva dos años o más en espera de una; situación que viola el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dicta que “la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años”.
Desde hace más de una década, expertos en políticas públicas dieron cuenta del estado de crisis en que se encontraba el sistema penitenciario en el país, en donde temas como sobrepoblación, hacinamiento, un nulo compromiso político a promover la reinserción social, la ingobernabilidad al interior de los penales, aunada al uso excesivo de prisión preventiva predominaban en la discusión. A grandes rasgos, el debate apuntaba a que las cárceles en México fungían más como un indicador de efectividad (basado en el número de arrestos, encarcelamientos y consignaciones), que como una estancia enfocada en la reinserción social y procuración de justicia que cumpliera de forma efectiva los objetivos sociales y legales del sistema penitenciario.
Hoy en día, la situación de crisis en lo que respecta a los diversos centros penitenciarios del país sigue aconteciendo. Basta con mencionar los hechos ocurridos el 10 de enero del presente año, donde al interior del penal de San Miguel, en el estado de Puebla, fue hallado el cadáver de un bebé en uno de los basureros; o las fugas de reos de alta peligrosidad del penal de Araguato, Sinaloa en 2019; los 1,477 incidentes violentos -entre los que se encuentran homicidios, violaciones, riñas, torturas, maltratos y abusos- que reportó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de la existencia de 123 centros penitenciarios que se encuentran rebasados en su capacidad, debido a problemas de sobrepoblación. Por su parte, también se ha registrado un descenso en el ejercicio presupuestal de los centros penitenciarios del ámbito estatal y federal, que de 38, 512.5 millones de pesos otorgados en el año 2019, pasó a tener 31, 511.2 en el 2021.
Por otra parte, y pese a las reiteradas advertencias acerca del uso excesivo e irracional de la prisión preventiva oficiosa -la cual “consume demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias de la seguridad ciudadana y la justicia penal, como la prevención y el combate al crimen organizado”-, 2 en el 2021 se aprobó la reforma constitucional al artículo 19, que consiste en la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Sin duda este hecho podría explicar el incremento del 4.4% del que dio cuenta el CNSIPEE-F en la población penitenciaria al comparar los números del 2020 con la población del año 2021.
Si bien desde 2011 se ha dado cuenta de una serie de reformas constitucionales y cambios en los códigos penales con la finalidad de promover una mejora en el sistema penitenciario -como es el caso de la inclusión de los derechos humanos como base la reinserción social, o la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016-, lo cierto es que la situación de dicho sistema no ha mejorado en absoluto.
Por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad y Paz 2018-2024 de la actual administración planteaba como necesidad la recuperación de los centros penitenciarios y la dignificación de alojamiento de los internos. En concordancia con esta propuesta fue promovida la Ley de Amnistía, mecanismo que planteaba la reparación de las sentencias dictadas a personas en situación de vulnerabilidad que cometieron delitos no graves. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado en el informe Ley de Amnistía: a un año de la simulación, que dicha ley no es más que una simulacro, ya que desde su aprobación extraordinaria en abril de 2020 (relacionada más con cuestiones de salud a causa de la pandemia de Covid-19, que por motivos enfocados a la reparación de sanciones injustas), al menos hasta abril de 2021 no había ningún registro que diera cuenta de personas beneficiadas o liberadas por dicho mecanismo.
Noticia publicada originalmente en el portal Animal Político, se puede consultar aquí.
