Durante la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en torno al caso de los mexicanos Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes permanecieron en prisión preventiva 17 años, el organismo internacional no realizó comentarios referentes a la discusión que actualmente se lleva a cabo en el Poder Judicial relacionada a la posible inconvencionalidad, e incluso, inconstitucionalidad de esta medida cautelar.
Luego de que la representación del Estado Mexicano afirmó que actualmente en el Poder Judicial del país se encuentra en medio de una discusión tendiente a cambiar la medida cautelar, el Juez que preside la CoIDH, Ricardo Pérez Manrique, pidió aclarar este punto, debido a que en el peritaje realizado por un representante del Poder Judicial de México en torno a este caso, se estableció que existe inconvencionalidad en las normativas vinculadas al amparo y a la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, reconoció que la contradicción de tesis no significaba la existencia de una restricción constitucional, bajo la línea del peritaje en este fallo, pero, insistió en conocer la situación actual en torno a la discusión interna sobre dicha medida.
“Le pediría que me explicitara eso, porque yo entendí como que el Estado está en un proceso de cambios tendientes al ajuste de su legislación interna a los principios del Sistema Interamericano, lo que quisiera que me explicara es: ¿Cuál es el camino o la vía que ustedes entienden necesaria a los efectos de hacer efectivos que estas dos disposiciones, que su propio perito ha calificado como inconvencionales?”, cuestionó Pérez Manrique.
Ante esto, el representante del Estado Mexicano informó, a grandes rasgos, que existen dos proyectos que están por discutirse el próximo 5 de septiembre por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; uno de ellos se refiere a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el otro a la inconstitucionalidad de la misma medida cautelar.
“Esos dos proyectos habrán de ser discutidos, el 5 de septiembre es la fecha programada para su discusión, y el Estado estima que por la vía judicial, esa es una oportunidad, para avanzar en la determinación sobre el ajuste de las figuras a los compromisos internacionales, en este caso la Convención Américana, incluso como es el proyecto del ministro Luis María Aguilar, si resultan inconstitucionales”, mencionó el representante del Estado Mexicano.
Por su parte, los representantes de la victimas en este caso señalaron que la discusión en torno al arraigo y la prisión preventiva oficiosa está dividida entre lo propuesto por la SCJN y la oposición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se niega a que se determinen como inconvencionales, por lo que aseguró que no está claro el futuro en torno a estas medidas cautelares.
Finalmente, el juez Pérez Manrique le dio la oportunidad a la Corte Interamericana de Justicia de pronunciarse al respecto, pero la representación en este caso prefirió omitir sus comentarios, sin ningún argumento de fondo.
Noticia publicada originalmente en el portal El Capitalino, se puede consultar aquí.
