En atención al principio de transparencia que debe regir en las prisiones, es indispensable que las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México hagan público un dictamen oficial, expedido por especialistas, que indique la situación estructural que presentan las instalaciones en todos los centros penitenciarios de esta ciudad.

El sismo del pasado 19 de septiembre dejó afectaciones en diferentes inmuebles de la ciudad. Familiares de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México, han reportado que no tienen información oficial del estado en que se encuentran las instalaciones de dichos centros.

Quienes se han logrado reunir o comunicar con sus familiares en prisión, reportan que hay presencia de grietas (sin saber si son estructurales o del acabado) y otro tipo de afectaciones que han sido resanadas; sin embargo, señalan que no tienen conocimiento si las instalaciones ya fueron revisadas por personal calificado, ya que, aunque las autoridades penitenciarias han señalado que todo funciona con normalidad, a la fecha no ha sido publicado algún dictamen oficial en la página de la Subsecretaría, ni en lugares visibles de los reclusorios.

Por la falta de publicación de un dictamen oficial, los familiares indican que están preocupados por su seguridad y por la de las personas que se encuentran  privadas de libertad en los reclusorios, especialmente en los Reclusorios Preventivos Varonil Sur y Oriente, así como del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Al tratarse de un CASO URGENTE, la madre de una persona privada de su libertad en el Reclusorio Sur presentó una controversia ante los juzgados de ejecución con sede en dicho reclusorio; sin embargo, no se sabe si a la jueza que le toque conocer de este asunto aplicará la Ley Nacional de Ejecución Penal y le dará trámite a la petición, ya que se sigue cuestionando la vigencia de esa ley y se han negado a aplicarla, quedando a la deriva la protección de derechos de personas privadas de su libertad.

Ante estas circunstancias, necesitamos que las y los jueces de ejecución se comprometan con la labor penitenciaria, por lo que hacemos un llamado URGENTE para que a la jueza que le toque conocer del asunto, no cuestione más la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y actúe con urgencia ante las situaciones que se presentan.

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