El Estado debe garantizar a las familiares de las personas privadas de la libertad la posibilidad de presentar quejas relacionadas con la condiciones de internamiento de su persona privada de la libertad y que ni ellas, ni su familia enfrenten represalias.

¿Con qué otros mecanismos cuentan las personas familiares? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan?

Acompáñanos para, de la mano de Sofía Galván, conocer más sobre este principio.