Discriminación, procesos legales en prisión preventiva y sin intérpretes, son algunas de las problemáticas que enfrentan las personas indígenas y afrodescendientes encarceladas en México. Mientras la CNDH ha denunciado la vulneración de sus derechos humanos; la organización Asilegal, apunta la falta de traductores.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hacia el cierre del año pasado se encontraban en reclusión siete mil 671 de estas personas.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere que estas cifras no son fiables por lo que las personas indígenas y afrodescendientes pueden estar además en un mayor grado de vulneración por ser invisibilizadas en las prisiones.
Yucatán, Michoacán, San Luis Potosí y Baja California son algunos de los estados que concentran más población indígena y afrodescendiente en condición de reclusión.
En 2022, la CNDH registró diversos casos de vulneración de los derechos humanos a personas indígenas y afrodescendientes privadas de su libertad. Entre otros, la comisión destacó el de un activista social indígena y su familia en la Comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo del estado de Chiapas.
El activista y su familia fueron atacados por un grupo armado que se conformaba por civiles, policías preventivos y municipales, presentados ante autoridades ministeriales y privados de su libertad acusados de presuntos delitos cometidos.
Además, la organización de la Sociedad Civil, Asilegal, documentó, entre otros casos, cómo autoridades penitenciarias fueron negligentes ante los problemas de salud que presentó Aitana, una mujer indígena que sufrió diversas agresiones físicas y verbales dentro del centro penitenciario donde cumplía su sentencia.
A estas vulneraciones de derechos humanos se suma la discriminación dentro de las cárceles. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, indica que a nivel nacional el 16.9% de las 220.5 mil personas encarceladas fueron víctimas de discriminación en los centros penitenciarios.
De ellas, alrededor de 4 mil 500 fueron discriminadas por su tono de piel; más de 2 mil por su identidad étnica, es decir, ser indígena o afrodescendiente; y alrededor de 2 mil personas encarceladas más refirieron ser discriminadas por su lengua o idioma.
Sin traductores ni intérpretes
La CNDH señala que las personas indígenas encarceladas son víctimas de discriminación y falta de información sobre sus derechos humanos, además de que muchos carecen de recursos económicos y se encuentran privadas de su libertad lejos de sus comunidades. Otro problema que también enfrentan es la falta de apoyo inmediato de intérpretes o traductores, y la carencia de defensores públicos que hablen su lengua.
Por su parte, Asilegal apunta que las vulnerabilidades estructurales que padecen las personas indígenas van desde malos tratos e incluso violencia, además de que esto se reproduce también dentro del sistema penal mexicano debido a los prejuicios existentes en torno a su lenguaje, costumbres y tradiciones.
En México, el artículo segundo de la Constitución, además de reconocer la pluriculturalidad del país reconoce el derecho de las personas indígenas a tener acceso pleno a la jurisdicción del Estado, no obstante, de que deben considerarse sus costumbres y especificidades culturales, además del derecho de ser asistidos por intérpretes y personas que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Sin embargo, Asilegal, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, refiere que para mediados de 2022, el 85.2% de la población indígena encarcelada declaró que no fueron asistidos por intérpretes o traductores.
Asimismo, de acuerdo con el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, en México hay únicamente 999 intérpretes y traductores en el ámbito de la justicia. En contraste, el último censo de población del Inegi reconoce la existencia de más de 7.3 millones de personas hablantes de lenguas indígenas.
Uso excesivo de prisión preventiva
En el país, juristas, defensores de derechos humanos, ONG’s, despachos legales, entre otras organizaciones han coincidido en el abuso de la prisión preventiva. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que la prisión preventiva debe aplicarse en los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad y que su aplicación no debe exceder los dos años.
No obstante, la realidad en México es distinta. Hasta diciembre de 2022, más de 91 personas privadas de su libertad se encuentran en prisión preventiva. Hasta la misma fecha la población interna era de 228 mil 530; es decir, el 40% de las personas internas, estaban encarceladas bajo esa modalidad mientras se desarrollaba su proceso.
Este uso amplio de la prisión preventiva conforma otra vulneración a los derechos humanos que también afecta a la población indígena encarcelada. Hacia noviembre de 2021, el director de Asilegal, José Luis Gutiérrez, con base en el Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero, refirió que Chiapas y Oaxaca eran dos de los estados con más población indígena en prisión preventiva.
Mientras en Chiapas el 60.1% de las personas indígenas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva, en Oaxaca el porcentaje era de 55.5%.
Ante estas y otras problemáticas la CNDH, en apego a la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, considera como prioridad localizar y atender a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad dentro de los Centros de Reinserción Social del Sistema Penitenciario Nacional. Esto, para que el Estado mexicano garantice el respeto al acceso a la justicia a los miembros de los Pueblos y Comunidades indígenas.
Nota por Atzayacatl Cabrera
Disponible en Indígenas y afrodescendientes encarcelados, discriminados y con derechos vulnerados (laverdadnoticias.com)
