Conscientes de las fallas, omisiones e injusticias que existen al interior del sistema penitenciario del país, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso durante sesión ordinaria en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la conformación de una comisión legislativa encargada de atender los centros penitenciarios en la capital del país.

Fue el Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Gonzalo Espina Miranda, quien presentó la iniciativa que tiene por objetivo vigilar el cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros penitenciarios.

El diputado local enfatizó importante saber distinguir el estatus jurídico de las personas privadas de su libertad, «Debemos de distinguir a dos grupos de personas privadas de su libertad: las que están en proceso y las que están sentenciadas«, apuntó.

«(…) Las primeras, están dentro de un esquema al menos inconvencional, pues cuentan con una pena anticipada, como lo es la prisión preventiva oficiosa, lo cual se traduce en una vulneración al derecho a la presunción de inocencia, las segundas, es decir en el caso de los sentenciados, de igual forma, podemos ver injusticias por malas defensas, penas mal calculadas o abusos, lo cual difícilmente da cumplimiento al artículo 18 constitucional que habla sobre la reinserción social«, expresó el legislador panista.

Asimismo, Gonzalo Espina destacó los compromisos del país pactados a lo largo de la historia en tratados internacionales en los que la nación se ve obligada a salvaguardar la integridad de las personas privadas de su libertad, antes, después y durante su proceso de pena.

En ese sentido, el panista mencionó acuerdos internacionales en los que México ha participado como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, también conocidas como Reglas Nelson Mandela, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no privativas de la libertad o conocidas como Reglas de Tokio; que son en amplios términos: consensos internacionales que imponen obligaciones a las autoridades penitenciarias de los países para cuidar la integridad de las personas sujetas a procesos judiciales y privadas de su libertad.

«Durante la pandemia, la crisis penitenciaria se agravó ya que muchos derechos no pudieron ejercerse con eficacia, por ello ante la urgencia en países como México, la Organización de Estados Americanos, emitió la resolución1/2020 “tratamiento y derechos humanos durante el COVID 19” en donde se hacen una serie de recomendaciones»

Entre otras cosas una Comisión Ordinaria del Sistema Penitenciario permitiría atender diversas problemáticas al interior de los centros penitenciarios de la capital como lo es la vida de niños y niñas que nacen al interior de estos, así como la «implementación de una mesa permanente para escuchar a personas sentenciadas que se dicen inocentes, atender a familias de personas privadas de su libertad, y mantener una estrecha relación con el Poder Judicial, Fiscalía General de Justicia, y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de evitar abusos y corrupción».

Por otro lado, Espina Miranda felicitó el trabajo del Congreso del Estado de México (Edomex) y su Poder Judicial, el cual ha generado una Unidad de Medidas Cautelares donde los mecanismos por monitoreo electrónico son una realidad, además la entidad mexiquense ha reformado su Código Penal en materia de Amnistía y Reconocimiento de Inocencia.

«Hoy el mensaje es dejar a los reclusos a su suerte, cuando lo que debe de ser es que el Gobierno se enfoque en lograr una verdadera reinserción, a efecto de evitar un círculo vicioso en donde incluso hay generaciones de familias internas, pues no hay una verdadera política penitenciaria. Ese es el mensaje que debe de prevalecer sobre el que persiste hoy», finalizó el panista.

 

 

 

 

 

Noticia publicada originalmente en el portal El Capitalino, se puede consultar aquí.