Confirmo cotidianamente que las percepciones sociales mayoritarias sobre la seguridad pública y la justicia penal tienen menos base empírica y más base ideológica. En las conversaciones al respecto, hay más ideas construidas desde narrativas orientadas a construir apoyos políticos amplios que historias soportadas en la evidencia.

La cárcel es un ejemplo paradigmático de esto. Una persona promedio piensa que la delincuencia se resolverá privando de la libertad a la gente que comete delitos, pero no repara en el hecho de que se ha inflado una y mil veces la población presa sin que eso haya mejorado la seguridad y el acceso a la justicia y tampoco haya reducido la impunidad. La historia registra múltiples momentos de crecimiento incluso extremo de la población penitenciaria, sin que eso haya reducido las tendencias delictivas y las violencias; lejos de ello, los lugares de privación de libertad suelen ser espacios de autogobierno a manos de redes criminales.

Y con todo, la abrumadora mayoría está de acuerdo o algo de acuerdo en que “todos los delitos se deben sancionar con cárcel” y “todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito del que se les acusa”. Y sigue dominando la idea de que “aumentar las penas es la mejor forma de combatir la inseguridad”.

La realidad es que hoy día cuatro de cada diez personas privadas de libertad se encuentran en prisión sin una sentencia y los costos asociados a los derechos de las personas contra quienes se aplica la prisión preventiva han sido ampliamente documentados.

Se ha investigado poco sobre las narrativas dominantes en torno al proceso penal, pero contamos con algunos hallazgos muy relevantes, por ejemplo, asociados a la manera como los medios construyen el tema penal. Se ha encontrado que “el proceso se presenta como una forma de castigo en sí mismo”, pero la difusión no incluye los detalles procesales, lo que -entre otras consecuencias- deja a un lado la posibilidad de contextualizar la prisión preventiva. Esto quiere decir que no se ofrece información sobre los argumentos que están detrás, cuándo la medida se impone o cuándo no, o de las medidas cautelares diferentes a ésta.

Merece una indagación profunda descifrar la manera como gobiernos y sociedad en México han sedimentado la sospecha generalizada sobre una persona detenida y procesada, de manera que en el imaginario colectivo se ha invertido el principio de presunción de inocencia; este parámetro es nada menos que la piedra angular del Estado de Derecho, pero en la práctica parece aceptarse cada vez más que la inocencia debe ser demostrada por las personas detenidas y procesadas (es terrible lo que esto enseña en términos de fractura de vínculos, convirtiéndose la sospecha en una suerte de moneda de cambio para la exclusión).

Y el tema es aún peor en medio de una conversación pública donde quien manipula mejor las historias y no quien presenta las mejores evidencias es muchas veces quien más influye en los grandes auditorios. El castigo penal queda así empaquetado en formatos propios del llamado populismo punitivo, es decir, en discursos y actitudes que etiquetan perfiles sociales como enemigos que deben ser separados de la sociedad (a veces incluso por cualquier medio).

Con esa etiqueta “ganadora”, la idea de la prisión como medio para construir seguridad y justicia es aceptada sin necesidad de evidencia alguna.

“Se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad del país”, si se elimina la prisión preventiva oficiosa automática de la Constitución, adujo el Secretario de Gobernación. Imaginen ustedes una “estrategia de seguridad” que depende de un sistema penal que castiga el uno por ciento de los delitos. En realidad, la frase es una potentísima síntesis del mencionado populismo punitivo, ese lugar donde el poder público construye imágenes y percepciones que alinean la oferta política y la demanda social mayoritaria a favor del castigo, independientemente de evidencia alguna. En síntesis, se contraponen dos narrativas: una popular (política) y otra impopular (técnica).

La evidencia ayuda a entender y mucho; dicen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad y “del total de personas en prisión por esta medida solo el 17 por ciento de las personas sin sentencia están por delitos graves, frente a más del 40 por ciento que se le imputan delitos patrimoniales”. La medida no recae principalmente sobre quienes cometen los delitos de mayor impacto. ¿Entonces?

Vaya cosa, ninguna persona quiere caer presa sin que le hayan demostrado su responsabilidad penal en juicio, pero a la vez la inmensa mayoría apoya las medidas que contribuyen a que eso suceda. Así, el grueso de la gente abona a su condición de riesgo. Claro que el riesgo no es el mismo para unas y otras personas. Al final, eso que el discurso político llama “el enemigo”, en los hechos, en las prisiones, son por mucho las personas pobres. Quizá la clave de todo esto está ahí.

El costo diario de la popularidad del castigo y la impopularidad de la justicia se va principalmente contra la población más pobre.