Marcela García, titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (Imes), informó que se incrementó el número de mujeres que participan en actividades del crimen organizado, lo cual también se refleja en el aumento del porcentaje de mujeres privadas de su libertad por delitos contra la salud. La funcionaria indicó que casi siempre las mujeres llegan al presidio tienen una relación afectiva del tipo romántica con los líderes de las bandas que ejercen esas actividades delictivas.

La titular del IMES resaltó que la diferencia entre delitos por los cuales llegan hombres y mujeres a ser encarcelados, tiene que ver con el uso de la fuerza y el grado de riesgo, que suele ser más alto en los hombres, al cometer un delito; además la mayoría de los casos son ellos quienes suelen liderar las bandas delincuenciales. Mientras que las mujeres juegan roles de subordinación, no utilizan la fuerza y casi siempre tienen una relación afectiva con algún delincuente.

“Las diferencias radican específicamente en el tipo de crimen: las mujeres roban artículos de menor valor en tiendas comerciales; los hombres cometen grandes robos con uso de violencia y armas, por asalto y allanamiento a empresas o particulares”.

La funcionaria dijo que en los últimos 10 años, de acuerdo con estadisticas del Inegi, las diferencias en los delitos son cada vez menores, ya que las faltas por las que los hombres en San Luis Potosí fueron encarcelados son: delitos contra la salud, homicidios, fraude, extorsión, violación y asalto, robo total o parcial de vehículo. Por su parte, los motivos más identificados por los que las mujeres en el estado llegan al presidio son: 30% por delitos contra la salud, 27% por homicidio, el 14% por secuestro, el 14% por fraude y robo, el 4% por posesión de armas de fuego y el otro 11% por otros delitos.

Al cuestionar a la titular del Imes sobre su postura en las condiciones que existen el los centros de readaptación social en México y sobre todo en San Luis Potosí para las mujeres, respondió que aún prevalecen prácticas discriminatorias en el trato y en el acceso a los programas y servicios que por obligación el estado debe proporcionarles, además de que “se siguen arrastrando viejas prácticas y vicios heredados del sistema penitenciario en México donde no se valora a las mujeres como sujetas de derechos y se le juzga de manera subjetiva para definir su tratamiento”.

Finalmente, Marcela García resaltó que resulta complicado para las mujeres reintegrarse a la vida laboral luego de haber pasado varios años en prisión, pues en su tránsito por un centro de readaptación social no logran avanzar en la consolidación de su preparación académica y laboral. Se debe agregar que existe la estigmatización por parte de la sociedad para aceptar que la persona ya pagó su condena con los años de claustro y de reflexión, y no les dan una oportunidad.

“Actualmente, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo, el Imes, en conjunto con la Secretaría del Trabajo, el ICAT y la organización Nueva Lua, trabajamos en el diseño de un programa estratégico para fortalecer la capacitación para el empleo y garantizar la reinserción laboral de las mujeres. Este programa está basado en una investigación criminológica, sociológica y psicológica que no permite identificar las necesidades y aspiraciones de las mujeres privadas de su libertad para mejorar la oferta educativa y de capacitación”.

 

 

 

Noticia publicada originalmente en el portal El Clarinete, se puede consultar aquí.