Pruebas observatorio de prisiones
Monitoreo al sistema penitenciario mexicano
Los centros de privación de libertad en México no están hechos para mujeres, y menos para madres. La violencia obstétrica dentro del sistema penitenciario refleja cómo el Estado castiga doblemente a las mujeres: por cometer un delito y por dejar de ser «buenas mujeres».
Eran aproximadamente las 3 de la tarde del 21 de noviembre del 2023. Artemio Vidauria Romero, Jaime Vidauria Romero, y Ranulfo Vidauria, junto con otras mujeres y hombres de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se preparaban para comer y descansar después de una larga jornada de limpieza del espacio comunitario Tierra Fértil.
Ana Georgina Domínguez Macías y Karla Castro Ramírez fueron torturadas para que firmaran declaraciones prefabricadas y se autoinculparan del delito de delincuencia organizada por distintos hechos en la administración de Felipe Calderón. Han pasado más de una década en prisión preventiva y en busca de justicia.
Shantal Guerrero Romero, mujer trans que pasó tres días con los ojos vendados, con grilletes en los pies y esposas en las manos, mientras recibía golpes en los oídos, la cabeza y las costillas para declararse culpable del asesinato de Daniel, un crimen que no cometió en Yucatán.
En el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 “CPS Femenil Morelos” se ha registrado -por lo menos- un suicidio cada año desde el 2020 y otras mujeres privadas de la libertad han intentado quitarse la vida.
El 11 de julio de 2006 era el primer día de trabajo para Brissa en el bar “Las Playas”. Venía de Monterrey, donde se cansó de trabajar como cocinera en maquilas porque le pagaban muy poco y trabajaba mucho. Ya tenía días que unas amigas la habían invitado a trabajar como bailarina en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.
Con recursos legales poco claros y en medio de presuntas violaciones a derechos humanos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas contra su vida y sus menores hijos y hasta violación sexual, son las condiciones en las que tres mujeres michoacanas fueron sentenciadas y destinadas a vivir en prisión.
Para las víctimas de tortura, las peores cicatrices no son físicas, el daño psicológico y las secuelas que deja también en la vida de sus familias lo convierte en una historia sin fin. En Coahuila prevalece la impunidad, pues no existe una sola sentencia por este delito.
Pruebas observatorio de prisiones
Monitoreo al sistema penitenciario mexicano
Ya te has suscrito
