En esta sección, podrás encontrar estadísticas basadas en la aplicación de reporte disponible en la sección “Testimonios”. De esta forma, podrás contrastar la información oficial, con información generada por las personas afectadas o usuarias del sistema penitenciario (personas liberadas, familiares, defensores, organizaciones de la sociedad civil, personal penitenciario).
Las personas privadas de la libertad en cárceles mexicanas se encuentran en una situación de mayor riesgo ante la emergencia sanitaria por COVID-19. En el marco de la pandemia, las autoridades penitenciarias y corresponsables no han brindado información certera sobre la situación de las prisiones.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/833138/XLVIII_MAYO_2023.pdfLas personas adolescentes en conflicto con la ley, son aquellas que tienen entre 12 años y menos de 18 años de edad al momento de ser sujetas al Sistema de Justicia, por existir la sospecha fundada de que han participado o cometido un probable delito.
Ahora bien, de acuerdo con INEGI, las estadísticas señalan que las medidas de sanción no privativas de la libertad se han aplicado con mayor frecuencia; sin embargo, hay un inexistente seguimiento a las medidas de sanción no privativas de la libertad que se aplican a adolescentes, y tampoco se están tomando en cuenta las circunstancias que atraviesan a cada adolescente.
Ante este panorama, es evidente que tampoco se está respetando el carácter socioeducativo de las medidas, por el cual se atribuye a las autoridades involucradas en la aplicación y ejecución de medidas, la implementación de programas y actividades destinadas que promover el desarrollo de las capacidades, aptitudes y habilidades de la persona adolescente, con el fin de encontrar un lugar constructivo en sociedad.
El carácter socioeducativo de las medidas, se debe aplicar considerando además las características propias de la persona adolescente, así como las situaciones en las que se encuentra, tomando en cuenta su opinión. Estos elementos son esenciales para garantizar la reinserción social y familiar, cuya ausencia impide la efectiva aplicación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y recae en violaciones a los derechos humanos de las juventudes en conflicto con la ley.
Referente a la medida de sanción en internamiento, el principio de excepcionalidad de las medidas privativas de la libertad de acuerdo con la LNSIJPA, se deberá aplicar sólo en casos extremos y por el menor tiempo que proceda. En el 2017, la población con este tipo de medida de sanción era de 1,169, de los cuales, mujeres eran 76 y hombres 1,094.
En abril del 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el “Informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen la ley penal de la República Méxicana”
Dicho informe es el resultado de las visitas de supervisión que se realizaron en los 45 centros de tratamiento interno que actualmente se encuentran en funcionamiento en México. De los cuales, 4 son exclusivos para mujeres, 6 son para hombres y 35 son mixtos, es decir, alojan a hombres y mujeres.
Y en el cual se afirma que en 2019, se encontraban 1,445 adolescentes cumpliendo una medida de internamiento, de los cuales 1,237 son hombres, y 208 son mujeres.
En relación con las cifras mencionadas, existe una contraposición con el principio de mínima intervención y subsidiariedad, el cual señala que las soluciones a las controversias en las que se involucre una persona adolescente, se resolverán priorizando mecanismos alternativos y soluciones alternas al procedimiento judicial. Sin embargo, de la comparación anterior, vemos que la judicialización de los casos con adolescentes ha ido en aumento, principalmente en lo que respecta a las mujeres adolescentes.
Como se mencionó previamente, es importante hacer un análisis sobre cómo afecta la violencia a las personas adolescentes en cada una de las regiones y cuántos adolescentes se encuentran cumpliendo una medida de sanción. Asimismo, es fundamental que las autoridades corresponsables y otros actores corresponsables, como academia, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, brinde programas con enfoque de juventudes a quienes se encuentran cumpliendo una medida de sanción en internamiento y esto favorezca la reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley.
Maternidad y Reclusión es un proyecto de infoperiodismo que mezcla historias de vida y análisis de datos con el objetivo de visibilizar la información estadística existente relativa a la situación de derechos humanos de las niñas y niños que viven con sus madres privadas de libertad en algún centro de reclusión. Esto para reconocer su situación de vulnerabilidad dentro de un sistema penitenciario construido por y para hombres.
El INDHPOL es un índice compuesto que captura diferentes dimensiones de las condiciones de vida de las personas recluidas en las instituciones carcelarias del país. El objetivo del índice es sintetizar en una medida cuál es el panorama de los estados en cuanto al cumplimiento de ciertas obligaciones mínimas que deben respetar los centros penitenciarios para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Las regulares controversisas sobre las condiciones de internamiento en centros de reclusión son regularmente atravesadas por diversos debates relativos al presupuesto etiquetado para el sistema penitenciarios. Regularmente, los informes de la Auditoria Superior de la Federación evidencian la carencia de diagnostico de necesidades para el diseño de la politica publica penitenciaria, la falta de evaluación de las actividades implementadas, y los deficientes mecanismos de coordinación con otras dependencias o con la iniciativa privada.
En agosto de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó los resultados de la primera Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (ENPOL), innovación de la Ley Nacional de Ejecución Penal que tiene el fin de generar información estadística sobre las características de la población penitenciaria, y sus condiciones de procesamiento e internamiento.
La presión sin precedente sobre los sistemas penitenciarios tanto locales como el federal, resultado del populismo punitivo latente en México, tuvo consecuencias graves en las instalaciones y la gobernabilidad de los centros. En este contexto, la violencia en los centros penitenciarios del país se ha manifestado cotidianamente y con graves consecuencias y violaciones a derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, por señalar algunos.
A través de esta visualización, Documenta pretende mostrar la situación en México en cuanto a las personas privadas de la libertad procesadas por el fuero común (aplicación de leyes estatales) o fuero federal (aplicación de leyes federales), su situación jurídica y el género. Aunado a ello, el mapa muestra la tasa de personas privadas de la libertad por cada 100,000 habitantes. Esto permite que se pueda comparar la frecuencia con la que se utilizan medidas privativas de libertad en cada entidad federativa.
Con base al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado anualmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la información generada por el equipo de Documenta, buscamos evidenciar las condiciones que atraviesan los internos de estos centros. Generar información y conciencia sobre esta situación es el primer paso hacia el desarrollo de políticas y reformas justas e incluyentes.
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