El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular, puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. En ausencia de redes de protección social fuertes, las personas dependientes quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad. Incluso, el encarcelamiento de las mujeres puede, paradójicamente, aumentar la probabilidad de que las personas a su cargo consuman drogas o se vinculen a las redes ilegales de tráfico. Todo esto incrementa la demanda de protección social por parte de los Estados que, en general, suele ser desatendida. Es hora de reconocer que las actuales políticas de drogas han dado lugar a una excesiva criminalización y encarcelamiento de mujeres. Por ende, es necesario revisar estas políticas y reducir la población femenina privada de libertad. Las políticas de drogas deben desarrollarse de acuerdo con el principio jurídico fundamental de que la herramienta penal debe ser utilizada solo como recurso de ultima ratio. Se necesitan reformas fundamentales a las leyes de drogas en toda la región para que los delitos de bajo nivel, cometidos por mujeres u hombres, se penalicen con alternativas a la cárcel y para asegurar la proporcionalidad de las penas.