COVID-19 y sistema penitenciario

Las personas privadas de la libertad en cárceles mexicanas se encuentran en una situación de mayor riesgo ante la emergencia sanitaria por COVID-19. A más de dos años de la pandemia, las autoridades penitenciarias y corresponsables no han brindado información certera sobre la situación de las prisiones, ni información pública clara y suficiente sobre el número de contagios y muertes a causa del nuevo virus, las medidas de prevención aplicadas los protocolos de actuación en caso de contagios o información sobre si se brindará atención médica a las personas privadas de la libertad. 

A nivel federal, el gobierno presentó el Protocolo de actuación para la atención de COVID-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), un plan que presenta acciones para las etapa de prevención y atención a la emergencia, pero que únicamente contempla el aislamiento en caso de contagio y  gravedad, y hace mención de  traslados a hospitales para recibir atención médica, sin presentar las acciones concretas y detalladas al respecto. Además, de la falta de claridad de la existencia de protocolos a nivel local.

Ante la falta de información y a partir del acompañamiento que Documenta brinda familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad, realizamos monitoreo para identificar cuáles son las medidas de prevención que realmente se están implementando en las prisiones, qué acciones se están tomando en caso de contagios y si se está brindando información certera y útil tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familiares. 

Esta visualización se realizó a partir del monitoreo y análisis a notas periodísticas, información presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), seguimiento a anuncios oficiales, diálogo directo con familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad, así como un cuestionario dirigido a esta población. Así mismo, se realizaron 35 solicitudes de acceso a la información directo a las autoridades encargadas del sistema penitenciario federal y loca. 

Se trata, una vez más, de un ejercicio de transparencia que busca visibilizar la situación de los derechos y la salud de las personas que se enfrentan día a día al sistema penitenciario. 

Casos de COVID-19 en prisiones

Medidas por entidad

Del monitoreo realizado a familiares de personas privadas de la libertad a partir de un cuestionario  compartido de manera virtual y respondido por 815 personas, se obtuvieron los siguientes datos:

Las autoridades penitenciarias informaron a las personas privadas de la libertad o familiares…

Quienes respondieron sí conocer las medidas de prevención, mencionaron las siguientes:

• Suspensión de la visita
• Suspensión de visita conyugal
• Uso de cubrebocas, lavarse las manos y uso de gel antibacterial
• Restricción en la visita (solo una persona puede ingresar a la visita)
• Suspensión de visitas mayores de 60 años, niños y niñas, diabéticos, ni enfermos o con temperaturas mayores a 37°
• No tener contacto físico
• Visitas por locutorio
• No  se permite el acceso a mujeres embarazadas

COVID-19 y Sistema Penitenciario: a dos años del inicio de la pandemia

Actualmente no existe información clara y completa sobre la actuación del Sistema Penitenciario Nacional ante la crisis sanitaria vivida por el COVID-19. Sin embargo, Documenta ha logrado obtener, a través de solicitudes de acceso a la información, datos relevantes sobre la situación de personas privadas de la libertad a casi dos años del inicio de la pandemia.

Vacunas totales

De los 25 estados respondientes se contabilizó un total de 130, 665 personas privadas de la libertad vacunadas antes del 31 de diciembre de 2021. Siendo el estado de Baja California el primero en reportar una vacunación total de su población penitenciaria. Encontrando un importante rezago en estados como Baja California Sur (11% de vacunas aplicadas) y Campeche (58% de vacunas aplicadas). A nivel nacional, de la información puesta a disposición solamente se puede constatar la vacunación del 59.3% de las personas privadas de la libertad, es decir 130, 665 personas en total.

Comorbilidades 

La crisis sanitaria vivida por el COVID-19 dentro de los centros penitenciarios de nuestro país trajo aparejada la revisión de importantes problemas de salud que las personas privadas de libertad han tenido que lidiar sin recursos médicos a su disposición. Algunas de las personas en situación de mayor riesgo derivado de la pandemia han sido las personas que cuentan con alguna comorbilidad  asociada o subyacente. Actualmente en el sistema penitenciario nacional existen al menos 12, 040 personas con comorbilidades o situaciones que elevan su riesgo a ser expuestas ante el virus, tales como, mujeres embarazadas, personas con diagnósticos crónicos de hipertensión, cáncer, enfermedades renales, diabetes, mayores de 60 años, entre otros.

Personas liberadas

En abril de 2020, el gobierno federal emitió la primer Ley de Amnistía. Siguiendo la emisión de leyes de amnistía locales como la Amnistía del Estado de México, Hidalgo, Sinaloa y Oaxaca. A pesar del importante paso que la emisión de estas amnistías representó para la despresurización del sistema penitenciario y de haber sido anunciada como una medida que trataba de combatir los efectos del COVID-19 , así como el hacinamiento dentro de las prisiones, el tiempo ha dado cuenta de la inefectividad de dichas medidas. Medidas similares fueron impulsadas por organizaciones e instituciones públicas para la liberación de personas privadas de la libertad, tales como libertad anticipada  y condicionada, sustitución de la pena y liberaciones por política penitenciaria. Sin embargo los estados reportaron que solamente un total de 1,172 personas fueron liberadas de forma anticipada antes del 30 de noviembre de 2021. Lo cual no representa más del 1% de la población penitenciaria del país. Lo anterior, a pesar de que al menos 131 centros penitenciarios de los  288 centros existentes a nivel nacional han reportado la existencia de sobre población en sus espacios. Lo cual significa que las acciones realizadas por el Estado no cumplen de ninguna forma con la necesidad de despresurización del sistema penitenciario.

Para acceder a la información pública solicitada por la organización da click

Si quieres solicitar algún beneficio de preliberación y la amnistía federal, desde Documenta AC y Equis justicia para las mujeres AC hemos creado a la chatbot Libertad la cual desde o Facebook Messenger te ayudará a crear tu solicitud de una forma rápida y fácil. También puedes encontrar más información sobre los beneficios de preliberación, las leyes de amnistía federal y del Estado de México en nuestra sección “Conoce tus derechos”, así como en nuestro OBSERVATORIO DE AMNISTÍAS.

Impacto de COVID-19 en condiciones carcelarias, un análisis a la luz de la ENPOL 2021

En el mes de julio de 2021, aún atravesando por el periodo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) hizo el levantamiento de la más reciente Encuesta Nacional del Población Penitenciaria (ENPOL 2021). El levantamiento de esta encuesta no solamente impactó dada su complejidad logística, sino que, además, dio a algunas de las interrogantes existentes en relación a la afectación que el COVID-19 trajo a la realidad penitenciaria en México.

Número de personas contagiadas

Contrario a lo reportado en otras fuentes, la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria (ENPOL 2021) reportó que el 31% de las personas privadas de la libertad fueron diagnosticadas con COVID-19 dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional. Lo anterior, equivaldría a alrededor de 68,000 personas privadas de la libertad infectadas. En el caso de mujeres la encuesta refirió que 444 mujeres fueron diagnosticadas con la enfermedad. Esto equivale a que 1 de cada 25 mujeres privadas de la libertad en Centros Penitenciarios fueron afectadas por el virus. Lo anterior evidencia el nivel desproporcionado en el que el virus afectó a la población penitenciaria. Mientras que en la población en general solamente 3 de cada 100 personas fueron afectadas por el virus, en el caso de las personas privadas de la libertad por cada 100 personas 31 fueron infectadas. 

Forma de atención médica

La Encuesta Nacional de Población Penitenciaria 2021 (ENPOL 2021) también reveló las deficiencias en la atención médica a las personas privadas de la libertad en México. La encuesta señaló que de las personas que contrajeron el virus solamente el 7% recibieron el medicamento necesario. Lo más grave aún es que, de estos, solamente el 2% recibió la atención médica por parte del Sistema Penitenciario, mientras que el 5% restante requirió ayuda de familiares y organizaciones para conseguir su medicina. Es decir, solamente 2 de cada 100 personas privadas de la libertad contagiadas con COVID-19 recibieron tratamiento por parte del Estado. Más grave que lo anterior, del 93% restante que no pudo tener acceso a tratamiento médico más de la mitad señaló que no pudo tener acceso a medicamento debido a que el personal del centro impidió el ingreso del medicamento a sus familiares.

Impacto en actividades

Contrario a lo esperado, a un año del inicio de la pandemia la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria 2021 (ENPOL 2021) revela que las actividades al interior del centro no tuvieron un impacto importante derivado de la crisis sanitaria en el tiempo del levantamiento de la encuesta. Solamente un 1% de las personas encuestadas refirieron que sus audiencias fueron suspendidas por causa de COVID-19, menos del 5% refirió que actividades tales como la educación, la capacitación para el empleo o la visita íntima se vio afectada derivada de las medidas sanitarias.

Descarga el Informe COVID y cárceles 2022

Testimonios

Desde el comienzo de la contingencia sanitaria, Documenta ha brindando asesoría jurídica  y acompañamiento a familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad, quienes nos han compartido sus principales preocupaciones en este contexto y con relación a su familiar en prisión.

Preocupaciones sobre la salud de la persona privada de la libertad

• Se encuentran en aislamiento
• Tienen otros padecimientos que no han sido bien atendidos
• Los brotes de hepatitis u otras enfermedades en los centros
• No hay un adecuado control de plagas en las instalaciones
• La falta de medicamento
• Malos tratos por parte del personal

Preocupaciones generales sobre las condiciones de la persona privada de la libertad

• Que se presente un motín en el penal.
• Que la violencia que hay dentro del centro penitenciario ponga en riesgo la vida de las personas privadas de la libertad.
• Temor a que se presenten casos de coronavirus dentro del centro penitenciario y que su familiar se contagie.
• Dudas e incertidumbre sobre si los centros penitenciarios están preparados para atender la contingencia.
• No poder ver a la persona privada de la libertad  y no tener información sobre su estado de salud.

Principales problemáticas que enfrentan familiares

La pandemia por COVID-19 y las medidas tomadas por gobiernos locales, estatales y federales para enfrentarla afectan de forma diferenciada a familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad en cárceles, por ello compartimos aquí las principales problemáticas a las que se enfrentan actualmente, desde sus propias voces:

• Afectaciones económicas.
• Falta de comunicación y contacto con la persona privada de la libertad.
• Miedo al contagio.
• Corrupción y prepotencia de las autoridades encargadas del ingreso al centro penitenciario.
• No recibir información sobre la situación de su familiar privado de la libertad
• No hay continuidad a los procedimientos para resolver la situación jurídica de la o el interno.
• Miedo a los motines.
• Se niega el acceso a esposas de las personas privadas de la libertad, pero hay conocimiento que ingresan personas imputadas a los centros penitenciarios
• Dificultades para trasladarse a la visita por lejanía y la posibilidad de que al llegar no les dejen entrar.
• Preocupación por la salud física y mental de las personas privadas de la libertad.

Los familiares y acompañantes que respondieron a nuestro cuestionario señalaron que se dedican a trabajos en el sector informal y haber visto sus ingresos disminuir a partir de la emergencia sanitaria. Por su parte, personas con empleos formales señalaron vivir despidos y reducciones salariales. 

Por otro lado, algunas personas privadas de la libertad aportan al sustento de sus familias a través de programas o actividades implementadas en los centros penitenciarios para fomentar el empleo, pero con la suspensión de estas actividades no han podido recibir este apoyo.

De esto deriva que la principal preocupación de las y los acompañantes de personas privadas de la libertad sea económica.

Al respecto algunos familiares compartieron sus testimonios:

Son muchas las  familias quienes proveen de artículos de aseo personal, alimentos o dinero a las personas privadas de la libertad cuenten con insumos de primera necesidad al interior de los centros penitenciarios. Al tener dificultades para comprarlos y entregárselos a sus seres queridos privados de la libertad, las y los familiares sienten angustia y preocupación.

Por otra parte, quienes tienen que viajar largas distancias, por ejemplo, a otra entidad federativa para brindar acompañamiento a sus familiares o seres queridos han visto disminuidas estas posibilidades tanto por las restricciones a la movilidad derivadas de las medidas de prevención ante la crisis sanitaria, como por las implicaciones económicas que esto representa.

 Otra afectación importante es la  psicoemocional. Como se mostró previamente, el miedo, angustia e incertidumbre respecto a la salud física y mental y la seguridad de su familiar o ser querido son sentimientos recurrentes.

 En general, las y los acompañantes y familiares temen a que se presenten contagios al interior de los centros y que estos no cuenten con los elementos necesarios para atenderlos de manera digna y efectiva.

Foto: Subsecretaría Sistema Penitenciario de la CDMX