La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene como objeto establecer el sistema integral de justicia penal para los adolescentes en la República Mexicana, incorporando como principios rectores la definición de instituciones, órganos y autoridades especializadas, así como la delimitación y distribución de sus atribuciones, al sistema también se integran los procedimientos, principios, derechos y garantías previstos, y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, generando la obligación de constituir en el ámbito federal una Autoridad Administrativa dependiente de la administración pública federal, especializada en el tema de adolescentes.

De acuerdo al artículo segundo transitorio de la ley, se abroga la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1991 y sus posteriores reformas.
Se abrogan también las leyes respectivas de las entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales para adolescentes iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.