Entre los años 2012 y 2014 se presentaron en la Ciudad de México casos de detenciones de personas activistas, periodistas y miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil, en el contexto de diversas marchas y protestas sociales. La investigación sobre tales sucesos permitió a este Organismo identificar un patrón de actuación de autoridades que vulneró derechos humanos y que motivó la emisión de diversas recomendaciones, por la represión desplegada por las autoridades capitalinas, durante las protestas sociales, a través del uso excesivo de la fuerza, tratos crueles y tortura en su contra, así como detenciones ilegales con base en los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública.