México tuvo la iniciativa en septiembre del año 2001 de proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de una convención específica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Así, en 2002 participaron 189 países miembros de Naciones Unidas en la elaboración del texto. Finalmente, el documento fue firmado en la Organización de las Naciones Unidas el 30 de marzo de 2007, se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el Decreto de Aprobación de la Convención, en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de octubre del mismo año, con lo que pudo ser ratificado por México el 17 de enero de 2008. A nivel mundial, la Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

El tratado está estructurado en un Preámbulo, 50 artículos y un Protocolo Facultativo. Cabe mencionar que es el primer tratado internacional del siglo XXI y el primero jurídicamente vinculante sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

Sus principios generales son: el respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones; la no discriminación; el respeto por la diferencia y la aceptación de las Personas con Discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.