En el marco de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes el señor Juan E. Méndez durante el primer semestre del 2014, organizaciones de la sociedad civil mexicana presentaron información al Relator sobre diversos temas relacionados con las personas privadas de libertad. El informe plantea la necesidad de la implementación de la reforma de 2011 en materia de ejecución, así como la urgencia por transformar el sistema penitenciario mexicano acorde a estándares internacionales. La información recopilada en este documento confirma la tendencia de la política criminal actual a incrementar los niveles de encarcelamiento como única solución a los problemas de seguridad ciudadana. Documenta el incremento de los niveles de violencia, hacinamiento y sobrepoblación dentro del sistema penitenciario situación que impacta directamente en las condiciones de vida de las personas en situación de reclusión. También confirma que el uso de la tortura contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas o días de la detención con fines de investigación criminal. Frente a esta situación es deber del Estado Mexicano realizar tomar las acciones necesarias para asegurar el trato humano y el respeto a la dignidad a toda persona privada de libertad.