La vida de una niña o niño en prisión se reduce a nada, en el encierro de un mundo que no está hecho para “Los Angelitos del penal”, como les llama una interna del CERESO Femenil de Atlacholoaya en Morelos.
Crean su propio mundo entre cuatro paredes, durante años, niñas y niños han nacido y crecido dentro de cárceles bajo el cuidado de sus madres que están privadas de su libertad. Actualmente en México hay 523 niñas y niños viviendo en cárceles con sus madres.
De acuerdo con el INEGI, Nuevo León (69), la Ciudad de México (67), Veracruz (56), el Estado de México (48) y Guerrero (42) concentran 53% de la población de niñas y niños que habitan en cárceles, mientras que las entidades con índices más bajos son Colima, Tlaxcala, Querétaro y Coahuila.
En 2016, se establecieron en el Artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, entre los que están el derecho a la maternidad y lactancia dentro de prisión, así como los derechos humanos de niñas y niños que viven en reclusión, y sus condiciones de ingreso y egreso.
Sin embargo, existen diversos obstáculos para la implementación de la Ley en las entidades federativas, lo cual vulnera aún más el de desarrollo y seguridad de niñas y niños.
La carencia de espacios exclusivos para mujeres, según los datos obtenidos, es alarmante—menos de la tercera parte de los centros cuenta con un área de desenvolvimiento. A esto se suma que en México solo existen 18 Centros estatales exclusivos para mujeres, 1 Centro Federal y 91 centros mixtos, a pesar de que la ley establece separar a la población, lo que reduce las posibilidades de tener espacios destinados para el sano desarrollo de las infancias, y también limita los procesos de reinserción social a los cuales la madre tiene derecho para integrar en su proyecto de vida.
Existen asociaciones y colectivos, tal como Reinserta, que luchan para crear, gestionar y obtener espacios que ofrezcan servicios, estancias, ludotecas y comedores para generar un ambiente de desenvolvimiento. Son diversos los motivos de la falta de dichos espacios pues la corrupción y desviación de recursos es un factor principal para la desprotección de los niños y las niñas.
Dentro de las prisiones mexicanas existen dos clases de servicios especializados: por un lado, áreas de maternidad y por otro, espacios para educación temprana de los y las niñas.
Dichos espacios se localizan exclusivamente en algunas prisiones de distintas entidades de la república.
En el caso de áreas de maternidad, hay 11 en todo el país. La entidad con más áreas es San Luis Potosí, con 2, mientras que Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Yucatán poseen una, de acuerdo con datos del Censo nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Veracruz, a pesar de ser uno de los cinco estados con más niños y niñas viviendo en prisión no posee ninguna.
Los 27 espacios de educación temprana para los y las hijas de mujeres privadas de libertad en México, se encuentran principalmente en Michoacán (12), en tanto que, en Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Yucatán tienen dos y Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Veracruz tienen uno.
Como se mencionó con anterioridad, las entidades deben brindar seguridad, sin embargo, es importante mencionar que la tensión constante que existe en la cárcel se da por la violencia, corrupción, tortura e impunidad, que lamentablemente perjudica también a niñas y niños.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres privadas de libertad tienen el derecho de conservar la guardia y custodia de sus hijas o hijos menores de tres años. Por su parte, la autoridad penitenciaria tiene el deber de proveerles alimentación adecuada y saludable, educación inicial, vestimenta, atención pediátrica, e instalaciones adecuadas para que reciban la atención médica. Si tiene una discapacidad, se puede solicitar a la autoridad penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre.
No obstante, a pesar de que son derechos contenidos en la Ley, las autoridades penitenciarias no cumplen con estas obligaciones.
Para ahondar en el nivel de acceso a diversos bienes y servicios, así como el grado de satisfacción, la Encuesta Nacional de Población Privado de Libertad (ENPOL) hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), preguntó a madres privadas de libertad que tienen un hijo o una hija viviendo con ellas en prisión, cuáles son los servicios y bienes que reciben sus hijas e hijos y cuál es su nivel de satisfacción. Los resultados dan cuenta de la falta de acceso a derechos básicos que tienen.
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