El desarrollo de condenas alternativas o la creación de un servicio de libertad condicional no incrementa automáticamente el respeto por los derechos humanos ni da origen a un sistema reformado de justicia penal. Es necesario contar con una estrategia y garantías claras para garantizar que las alternativas realmente reemplacen la condena a prisión y no sean de por sí abusivas para con los derechos humanos. Algunas de las alternativas son; la imposición de multas, indemnizaciones para las víctimas, libertad vigilada, trabajos comunitarios no remunerados, arresto domiciliario, vigilancia electrónica y tratamiento de los problemas de salud.

La introducción de condenas alternativas no reduce invariablemente el uso de la reclusión si las nuevas condenas se aplican, en cambio, para aumentar el número de condenados. El desarrollo exitoso de alternativas requiere el apoyo de la opinión pública y del poder judicial, la determinación de los receptores adecuados de estas condenas, la participación de muchos organismos en la implementación y un aparato de vigilancia permanente.