La Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales introdujo por primera vez en la legislación mexicana disposiciones dedicadas específicamente a los derechos de las mujeres privadas de libertad, como resultado de la integración al marco nacional de estándares internacionales ―entre ellos las Reglas de Bangkok, relativas al trato debido a las mujeres y niñas en prisión.

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