Todas las personas, incluso las personas detenidas, tienen derecho a la vida, y la sanidad penitenciaria constituye una cuestión clave de los derechos humanos debido a que las condiciones carcelarias suelen poner la vida en peligro.
Los gobiernos tienen la obligación de atender a los reclusos, y en las prisiones deben brindar una atención médica adecuada de la misma calidad que la brindada a la sociedad en general.
Normalmente, los reclusos proceden de los sectores de la población con mayores problemas sanitarios y las condiciones del encarcelamiento y la atención médica deficiente pueden perjudicar su salud.
Las personas con enfermedades mentales están alojadas en prisión cuando deberían estar internadas en un hospital.
El personal médico penitenciario cumple un papel importante en la protección de los derechos de los reclusos y en la prevención de la tortura y el maltrato.
Asegurar la independencia del personal médico penitenciario y establecer lazos estrechos con los servicios de salud constituyen reformas importantes.
Es posible salvar muchas vidas mediante la introducción de métodos de reducción de los daños destinados a prevenir infecciones y el mejoramiento del entorno físico de las prisiones.
Las intervenciones para reformar el sistema sanitario de las prisiones pueden constituir una vía eficaz hacia una reforma penitenciaria más amplia.