Adolescentes en reclusión: sin educación, sin reinserción

15 Ago 2017

Autor: Macarena Velázquez LópezMaría Teresa Aguilar Álvarez CastroAndrea Alcántara Jaramillo

  • Los y las adolescentes en reclusión en México no reciben educación de calidad que garantice su reinserción social.
  • Desde Aprender Primero interpusimos un amparo en contra de diversas autoridades educativas y penitenciarias por la omisión de proporcionar  educación a adolescentes en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando.

Como derecho humano, la educación debe ser garantizada y protegida para todas las personas sin distinción alguna. Desgraciadamente, en nuestro país hay niñas, niños y jóvenes que no tienen acceso a ella. Tal es el caso de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran recluidos, a quienes el sistema educativo ha olvidado por completo.

Los y las adolescentes recluidos son mayores de 16 años que, siendo menores de edad, cometieron algún delito grave por lo que se les impuso la privación de la libertad como medida preventiva o de sanción.

De acuerdo con Ana María Sanabria y Ana Fernanda Uribe, en la mayoría de los casos, las y los adolescentes en cuestión, tienen tras de sí un historial de fracaso escolar: la mayoría cambió de escuela en varias ocasiones y recurrentemente presntó problemas de conducta y de adaptación al sistema escolarizado.

El diagnóstico de UNICEF que en 2016 realizó Elena Azaola, encontró los siguientes resultados: 52% cursaron algún grado o completaron la secundaria; y 30% apenas cursaron algunos grados de la primaria o lograron completarla.

Estas cifras concuerdan con las oficiales; de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de 1,692 adolescentes en reclusión hasta abril de este año, 52% requieren estudios básicos de alfabetización, primaria o secundaria.

Las leyes actuales contemplan la educación como uno de los pilares de la reinserción. Sin embargo, los servicios “educativos” que reciben las y los adolescentes en conflicto con la ley distan mucho de ser de calidad, como lo marca la Constitución. Cuando existen, son proporcionados por personal no idóneo, con materiales inadecuados y programas poco pertinentes.

Además, aun cuando están bajo tutela del Estado las 24 horas del día, sólo destinan a la educación una hora y media al día. ¿Cómo pueden no reincidir si se les viola su derecho a aprender?

Por estas razones, y para tratar de activar a las autoridades educativas y penitenciaras de este país, desde Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentamos una demanda de amparo en contra de 18 autoridades educativas y penitenciarias, tanto federales como de la Ciudad de México, que no se han coordinado para proporcionar educación pertinente y de calidad a los y las adolescentes en reclusión.

Este amparo se refiere específicamente a la Comunidad de Tratamiento Especializado de Adolescentes de San Fernando, ubicado en Tlalpan, en la Ciudad de México, aunque la situación de olvido en el que las autoridades educativas tienen a adolescentes es similar o peor en el resto de las comunidades de adolescentes del país.

Demandamos a tantas autoridades porque en el Caso de San Fernando, como en muchos otros, las y los adolescentes en reclusión requieren acabar estudios desde primaria hasta educación superior, así como recibir formación para el trabajo y servicios de educación especial.

Involucramos al Poder Judicial de tal forma que obligue a las autoridades, especialmente a las educativas, a proporcionar educación de calidad los y las adolescentes privadas de su libertad. Este juicio es una forma de alzar la voz por ellos, para que las autoridades se ocupen de su educación y de su reinserción como es su derecho.

También como sociedad, debemos voltear a ver sus necesidades, escucharlas y entenderlas, así como apoyarles para que reciban una educación pertinente a fin de que tengan nuevos proyectos de vida cuando salgan. Esto le conviene a toda la sociedad.

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