¿Qué pasó con la Ley Nacional De Ejecución Penal?

30 Ago 2017

Autor: David Mejía

  • Las contrareformas planteadas por la CONAGO no son válidas, ya que ni siquiera se ha implementado adecuadamente el nuevo sistema penal;
  • el pasado  17 de junio cumplió un año la Ley Nacional de Ejecución Penal, el último eslabón del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El 17 de junio de 2017 se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el último eslabón del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), mismo que no ha sido implementado adecuadamente, debido a la falta de voluntad por parte de las autoridades encargadas de ejecutarla.

Debido a una redacción extraña en sus transitorios, en todas las entidades federativas dónde ya se habría implementado el sistema de justicia penal, la vigencia de la Ley quedó sujeta a un “anexo a la declaratoria” que debía ser emitido dentro de los diez días siguientes a la publicación de la Ley. Es decir, contemplando que serían días hábiles a los que se refiere la Ley, este anexo a la declaratoria debió emitirse a más tardar el 1 de julio de 2016.

Pero, ¿qué es el “anexo a la Declaratoria”?

A partir de una lectura integral, tanto de la reforma constitucional de 2008, como de la LNEP, podemos establecer lo siguiente: La Declaratoria, o Declaratoria de Vigencia del Sistema de Justicia Penal, es un acto jurídico que da certeza sobre la aplicabilidad de este nuevo Sistema en México, tanto a nivel federal como estatal. Significa que cada entidad ya cuenta con las herramientas, autoridades, instituciones y demás para implementar adecuadamente el NSJP.

A partir de la publicación de la LNEP, existe una obligación por parte de las legislaturas de los Estados para emitir un “anexo a la declaratoria”, con la finalidad de agregar la LNEP al SJPA. Culminando un proceso legislativo de más de 8 años.

Esta obligación solo fue cumplida por 3 de las 32 entidades federativas que conforman nuestra República Mexicana: Morelos, Chihuahua y Jalisco; ninguna otra entidad cumplió con su deber legislativo, ni con el mandato explícito que la propia ley estableció.

Entre las múltiples razones para no emitir el anexo, podemos señalar el rezago legislativo de los estados, la omisión de los órganos de implementación del NSJP de requerir a los congresos locales la emisión del anexo, y la falta de voluntad política de los gobiernos estatales para garantizar un sistema de ejecución penal más justo.

Las autoridades estatales, buscan detener la entrada en vigor de esta ley en sus estados, pensando erróneamente que si nunca se emite un anexo a la Declaratoria, nunca estará vigente la Ley. Sin embargo, esta omisión legislativa es una violación directa a los principios de certeza jurídica y del acceso a la justicia. Asimismo, es contraria a la reforma penal del 2008, al exceder los pazos previamente establecidos para la implementación del NSJP.

La aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal no puede detenerse si los órganos legislativos no cumplieron con su deber señalado en la misma Ley. De otra manera, las contrarreformas planteadas por la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) respecto al nuevo sistema no pueden ser válidas, al ni siquiera haber implementado el nuevo sistema adecuadamente.

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