Aislamiento: doble castigo para personas con discapacidad

16 May 2017

Autor: Laura Natalia Vargas Mora

  • Según el informe de la CIDH en México se aplican sanciones disciplinarias de forma desproporcionada;
  • Para las personas con discapacidad psicosocial  el aislamiento se prolonga incluso por años.

De acuerdo al artículo 41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el aislamiento constituye una sanción disciplinaria que solo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso.

Sin embargo, de acuerdo al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre México, dentro de los centros de reclusión del país se aplican sanciones disciplinarias de forma desproporcionada en relación con el acto que se sanciona, y a menudo responde a criterios discrecionales por parte del personal penitenciario.

Esta situación resulta aún más compleja para las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran privadas de la libertad. Cuando estas personas se enfrentan al régimen penitenciario encuentran barreras para cumplir y adaptarse a las normas y a los mandatos dentro de prisión.

Por esta razón tienen mayores riesgos de incumplirlos y obtener una sanción disciplinaria. Una práctica común dentro de las prisiones es utilizar el aislamiento prolongado como un método para manejar o disciplinar a aquellas personas percibidas como peligrosas o difíciles de manejar. Así, los argumentos para aplicar medidas de aislamiento a personas con discapacidad psicosocial están basados en estigmas y estereotipos basados en criterios subjetivos de peligrosidad.

Así, es común que en los casos de personas con discapacidad psicosocial e intelectual estas sanciones de aislamiento se prolonguen por más de 15 días, durando a veces meses e incluso años. Estos castigos prolongados se justifican muchas veces no solo por la condición de “sujeto peligroso” de la persona con discapacidad sino también argumentando que es necesario el aislamiento por su propio bienestar y seguridad. En su informe de 2015 la CIDH documentó también el caso una interna del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha quien llevaba encerrada tres meses en celdas de castigo.

Para el ex Relator Especial sobre la Tortura para las Naciones Unidas Juan Méndez el uso de la reclusión en régimen de aislamiento no puede justificarse con motivos terapéuticos. El Ex Relator Especial ha abordado la cuestión de la reclusión en régimen de aislamiento y declarado que su imposición, cualquiera que sea su duración, a personas con discapacidad psicosocial e intelectual constituye un trato cruel, inhumano o degradante. Además, el efecto de aislamiento penitenciario es tan devastador que la práctica en si también constituye tortura.

Así, los costos de estar en privación de la libertad son dobles para las personas con discapacidad. Son una población en grave riesgo de ser víctima de abuso de autoridad y castigos desproporcionados que afectan su dignidad y que además están basados en estereotipos y criterios discriminatorios. De igual manera, el aislamiento forzado prolongado generalmente vienen acompañadas de otro tipo de situaciones violatorias de derechos humanos como la inmovilización, la medicación forzosa e incluso procedimientos de electrochoque.

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